NUESTRA COLUMNA: Retos y propuestas en la política social para Bogotá

mafe posesin

Si bien en algunos temas como la educación básica es necesario continuar con la línea de acción para consolidar metas de largo plazo, en otros temas como la salud y la integración social esta Administración empezará a mostrar alternativas para mejorar los resultados de la política social en la ciudad.

Los ejercicios de empalme que se hacen entre administraciones salientes y entrantes sirven para identificar los avances, los principales desafíos (que seguramente pedirán un cambio de rumbo) y las áreas en donde la nueva Alcaldía deberá marcar los énfasis de la propuesta que la hizo ganadora en las urnas. En el caso de las entidades del Distrito que se encargan de las políticas sociales de educación, salud e integración social, se encuentran tres escenarios; el de políticas que deben continuar, el de variaciones en los programas y el de nuevos enfoques para conseguir las metas propias de esta nueva Administración.

En educación, por ejemplo, es necesario seguir con el esfuerzo (que viene desde hace ya varias alcaldías) de incentivar la permanencia de los niños y jóvenes en el sistema educativo. Esto implica continuar con programas como el de gratuidad (no pago de derechos académicos), alimentación escolar y transporte. Esto ha permitido una reducción continua de la tasa de deserción que pasó de 3,9% en 2011 a 1,6% en 2018. Las medidas para reducir la brecha entre los colegios públicos y privados también han conseguido resultados. En 2008 el porcentaje de colegios privados calificados en las categorías más altas era de 61,2% mientras el de colegios oficiales era de 18%. En 2018 los porcentajes son de 94,1% y 84,1%, respectivamente. Es decir, la brecha se ha cerrado de 43,2% a 10%.

En el tema de jornada única es necesario acelerar. Hoy al 17,66% de la matrícula de la ciudad tiene este esquema, lo que resulta escaso ante los beneficios tanto académicos como sociales que tiene este tipo de jornada.

Para la educación superior hay cambios de estrategia. La nueva Administración plantea una educación media diversificada en donde se podrán homologar créditos académicos que sean aceptados en la educación superior. Para financiar nuevos cupos se priorizará aquellas instituciones en las que se acepten los créditos obtenidos por los estudiantes en educación media como materias en una carrera universitaria o técnica. Se plantea también mitigar el riesgo de deserción de jóvenes en condición vulnerable con apoyos financieros durante el programa académico profesional, técnico o tecnológico que deseen cursar.

Para la generación de por lo menos 20 mil nuevos cupos se propone iniciativas desde el programa de gobierno, como la Agencia de Ciencia, Innovación y Educación Superior. La pasada alcaldía basó su política en la entrega de créditos beca; la Agencia plantea otro camino y es el de dar cupos gratuitos, lo que implica acercarse a ver la educación superior como un derecho. Y es que uno de cada dos jóvenes que se gradúa de grado 11 no accede a un programa de educación superior, lo que limita sus posibilidades de empleo y ascenso social.

Al lado de este programa, está la estrategia de incrementar significativamente el presupuesto y lograr más cupos en instituciones de educación superior públicas. Esto va acompañado de la meta de fortalecer a la Universidad Distrital para convertirla en un centro educativo de excelencia e innovación. Este camino, aunque complejo, es necesario. La política de las becas en instituciones privadas ayuda, pero como lo mostró el caso del programa Ser Pilo Paga, termina teniendo efectos perversos. Las universidades tienen incentivos para subir sus costos lo que hace que jóvenes de clase media, que no cumplen los requisitos para acceder a becas porque no están en condición de vulnerabilidad social, se enfrenten a matrículas más caras que dificultan su ingreso. La educación superior es un derecho para todos y como tal se debe consolidar en la ciudad.

En el sector de integración social hay temas que se continuarán porque han resultado. Es el caso de los programas de alimentación. Se ha anunciado que se continuará con la estrategia de apoyos alimentarios a población en vulnerabilidad por medio de 124 comedores comunitarios, entrega de apoyos de complementación alimentaria, bonos canjeables por alimentos, canastas básicas y suministro de alimento crudo.

En otros campos los propósitos de cambio se ven claramente. Para todos los programas que ofrece este sector se plantea la necesidad de retomar el enfoque de derechos (no la focalización extrema). La selección de la población que se cubrirá con los servicios que ofrece esta entidad se hará con criterios más amplios que los actuales. Esto implica observar otras formas de pobreza (como la pobreza oculta), la feminización de la pobreza (según ONU Mujeres en el país hay 102,5 mujeres pobres por cada 100 hombres) y varias otras variables que determinan la fragilidad social o la condición de riesgo.

La participación, tema muy rechazado en la Administración Peñalosa, será una variable fundamental para definir el tipo de servicios que requiere la población. Por ejemplo, para la atención a personas en condición de discapacidad serán escuchadas sus propuestas y las de sus cuidadores. Este propósito de escuchar a la ciudadanía es también una meta en el sector salud.

Allí es necesario continuar con los esfuerzos por contar con más infraestructura. La diferencia en variables clave como el número de camas para hospitalización es aún muy grande. Mientras que en la subred norte hay 805 camas, en la subred sur – occidente hay 609, casi 200 menos. La construcción de hospitales es necesaria y debe contar con recursos ciertos, no depender de APP como se hizo en la pasada Administración.

Un cambio importante y oportuno se viene en la política de prevención. Este tema había sido un acierto en administraciones anteriores a la de Peñalosa. Estrategias como Salud a su Hogar tuvieron resultados destacables, sin embargo, en la anterior Administración esta estrategia se descuidó. Se prevé el refuerzo de equipos interdisciplinarios en territorio. Se iniciará con 50 equipos básicos y se llegará a 200.

Por el bien de Bogotá es deseable que los cambios anunciados funcionen. Es muy interesante que se plantee la vuelta a un enfoque de derechos porque esto implica el respeto por la ciudadanía, algo olvidado en la pasada Administración. Ojalá que todos los funcionarios logren sintonizarse con esta ruta y se comprometan con ella. Son muy altas las expectativas de la población en estos temas sociales durante los próximos cuatro años, por tanto hay una gran responsabilidad de cumplir y no defraudar. Desde el ejercicio del control político velaré porque se conserve el rumbo.